Kathryn F. Orcasita Benitez
Twitter: @KathOB_7
Sabíamos que este momento llegaría un día. Que la poca tranquilidad que nos quedaba quedaría en suspenso y se impondría por completo el terror estatal. Es una verdad a gritos que en Colombia la democracia solo existe en el discurso, pues desde las diferentes regiones del país sabemos que lo que estamos viviendo es una dictadura franca y abierta; materializada formalmente por el gobierno de Iván Duque. Pero tenemos miedo de reconocerlo y decirlo en voz alta, y por tanto seguimos apelando a la idea de democracia y a la protesta social, porque es lo único que nos queda.
Desde un principio el actual mandatario desahució la vida de la gran mayoría de las y los colombianos, las políticas adoptadas no son más que sinónimo de una declaración de guerra contra la vida. De ahí la inoperancia frente a la implementación de los Acuerdos de Paz de La Habana y por el contrario el fortalecimiento de las fuerzas armadas para acallar toda voz que denuncie la falta de garantías para el sostenimiento de la vida; así como, la falta de adopción de políticas encaminadas a fortalecer la salud pública para enfrentar la coyuntura sanitaria generada por la Covid-19, y en cambio, el establecimiento de medidas disfrazadas de propuestas como la reforma tributaria y a la salud.
Desde los primeros días del mes de abril sindicatos y agremiaciones del país convocaron a un paro nacional para el día 28 del mismo mes en rechazo a las modificaciones fiscales en el marco de la reforma tributaria, que incluye el aumento del IVA a los productos de consumo básico, los combustibles y los servicios públicos, así como, el aumento de los impuestos a los salarios de entre 470 y 690 dólares y las retenciones a las pensiones. Y faltando un día para la movilización nacional los medios de comunicación anuncian que el Gobierno le propone al Congreso una nueva reforma a la salud, mediante la cual se plantea una depuración de las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) que pasarían a ser Aseguradoras en Salud, así mismo, se establece la unificación de los regímenes contributivo y subsidiado. Dos “propuestas” en detrimento de la vida.
Llega el 28 de abril. El ambiente en las calles se percibe aún más tenso. Y pese a las medidas de restricción de la movilidad adoptadas por el gobierno nacional encaminadas a contrarrestar el tercer pico de la pandemia, hacia las 2:30p.m. las calles de más de 500 municipios del país se han convertido en ríos de personas. Más que una protesta, parecía un carnaval nacional. Todo era cantos, bailes y arengas. Parecía que el día terminaba y no pasaría nada. Sin embargo, entre las 5:30 y 6:00p.m., las personas corrían en retroceso huyendo de la persecución de la policía y el ESMAD en las principales ciudades del país.
Sin embargo, las protestas sociales continuaron, las calles seguían siendo ríos de personas. Y nuevamente hacia las 6:00p.m las y los manifestantes huían de los ataques de la policía y el ESMAD o les enfrentaban para defenderse. Al cuarto día de movilizaciones, el 1ro de mayo, el presidente anuncia el retiro del documento de propuesta a la reforma tributaria para construir una nueva de manera “conjunta”, pero también, anuncia la adopción de la medida de asistencia militar para contrarrestar la protesta social. Lo que significa, básicamente, la militarización de todo el país, dándole así, un tratamiento de guerra a las movilizaciones sociales y violando el Derecho Internacional Humanitario.
A continuación, se presenta la infografía realizada por la ONG Temblores y difundida por sus redes sociales, en la cual, se registran los hechos de violencia estatal en el marco de las protestas sociales, entre el 28 de abril y el 3 de mayo durante el paro nacional:
En este momento la situación de derechos humanos en el país es crítica. Y pese a la represión, las y los jóvenes han decido continuar con las movilizaciones y el paro nacional en defensa de la vida y la posibilidad de un futuro más digno.